No al despido por enfermar



Artículo publicado el Jueves 28 de noviembre de 2019 en Madridiario por Jaime Cedrún Secretario general de comisiones obreras de Madrid

El hijo de María José es un pequeño fuenlabreño de ocho años que en su inocencia está contento porque últimamente pasa más tiempo con su madre. Pero ella se encuentra “rara” porque a sus treinta y tantos nunca ha estado en paro desde los 19. Además se ha convertido en la protagonista de una situación cruel, injusta y decimonónica: la empresa en la que ha venido trabajando los últimos once años y medio, Unísono, acaba de despedirla a pesar de estar de baja médica o, quizá, por estar de baja médica.

Con todo, María José se llenó del valor necesario para meterse en juicios y demandó a la empresa. La jueza sentenció en septiembre que el despido era procedente. Lógicamente, María José tiene claro que en su próximo empleo irá a trabajar aún estando enferma y de baja. Un Juzgado de Barcelona tuvo conocimiento de la demanda y presentó una “cuestión de inconstitucionalidad”. El Tribunal Constitucional quitó la razón a la trabajadora el pasado 16 de octubre.

Determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores (en este caso el 52.d), la Reforma Laboral (en este caso la de 2012) y el autoritarismo de muchas empresas son el coctel perfecto para poner en marcha esas medidas ultraliberales que ya están trasnochadas y que el propio capitalismo empieza a combatir. También por ello sería una buena noticia que en nuestro país la responsabilidad política favorezca un gobierno de progreso que adopte políticas sociolaborales y económicas en beneficio de la mayoría y evite la desigualdad creciente.

La mencionada sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 16 octubre ha sido la espoleta que generaba la alarma social entre la clase trabajadora. Una sentencia que dice literalmente: “Despedir a alguien porque esté enfermo unos días tiene una finalidad legítima: proteger la productividad de la empresa”. Es decir, el Tribunal Constitucional avala que en España una empresa con millones de euros de beneficios, con miles de trabajadores y con una tasa de absentismo próxima al cero, puede despedir a un trabajador o trabajadora que padece una enfermedad nueve días en dos meses, o que haya padecido enfermedad doce días en el último año.

La barbaridad que estamos viviendo nos muestra la cara más salvaje del neoliberalismo excluyendo su complicidad con regímenes dictatoriales y asesinos como el de Augusto Pinochet. La sentencia del Tribunal Constitucional avala situar la productividad o los resultados de las empresas por encima de la salud, algo que emocionaría a un Milton Friedman resucitado, para quien “la responsabilidad social de la empresa es crear beneficios”. Léase como una radical justificación para explotar sin pudor a trabajadores y, especialmente, trabajadoras porque vuelven a ser las mujeres las principales víctimas de estas tropelías que son tan legales como moralmente reprobables y de contrastada ineficiencia económica.

Tampoco podemos obviar la interpretación torticera que a veces puede hacer el Tribunal Constitucional tal como relataba el Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona. Este Juzgado fue el que tuvo conocimiento de la demanda y alegó que contrariaba preceptos constitucionales como el artículo 15 sobre el derecho a la integridad física, o el artículo 43.1 sobre el derecho a la salud; además del artículo 35.1 sobre el derecho al trabajo. Pero además, la sentencia incumple el Convenio 158 de la OIT en su artículo 6.1 que reza cómo “la ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no deberá constituir una causa justificada de terminación de la relación de trabajo”.

Es también grave que cualquier situación se utilice por el empresariado más pirata y sus voceros para alimentar falsedades y tópicos que ponen siempre al trabajador y la trabajadora como auténticos caraduras quienes cada dos por tres se “escaquean” para no trabajar. Pero nada más lejos de la realidad. Según Eurofound (Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo), España es el quinto país de la Unión Europea con menos absentismo por enfermedad.

De hecho, el problema en España es de abuso en la prolongación de la jornada laboral, por encima de lo acordado, sin compensación. Cada semana se realizan millones de horas fuera de la jornada pactada, que no se pagan o declaran, ya sean horas extras o prolongación de la jornada habitual, con un coste enorme para las personas asalariadas y para las arcas públicas. Y todo ello con un objetivo claro: engrosar los beneficios empresariales.

La prolongación no retribuida de jornada afecta en nuestra región a 252.000 trabajadores y trabajadoras a jornada completa que, de media, soportan 10,6 horas semanales de extensión no retribuida de su jornada, por lo que pueden superar las 50 horas de jornada semanal.Tampoco es cierto que el gasto en incapacidad temporal esté disparado, sino que se encuentra al nivel de las fechas previas a la Gran Recesión (7.450 millones en 2008, frente a 8.000 millones en 2018, eso sí, con 500.000 personas asalariadas más).

Pero además, la sentencia del Tribunal Constitucional afectará especialmente a personas con enfermedades crónicas que por miedo al despido se incorporarán al puesto de trabajo padeciendo enfermedad. También la sentencia sirve para regar esa lacra laboral que padece España que es el subregistro de enfermedades de origen profesional camufladas como de origen común.

Y, tal como mencionaba al principio, hay que denunciar el sesgo de género. La norma supone una discriminación por razón de sexo ya que las trabajadoras desempeñan profesiones y actividades con una mayor incidencia de patologías que exigen periodos de recuperación cortos y discontinuos, convirtiéndose en objetivos perfectos para la aplicación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores y que la Reforma Laboral de 2012 endureció sustancialmente.

Por tanto, la única vía para defender el derecho a la salud en el trabajo pasa por la derogación de la Reforma Laboral y del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores. Por ello, CCOO y UGT nos hemos concentrado en el día de ayer por todo el país, por ello esperamos responsabilidad de los líderes políticos y conformen un Gobierno que derogue las reformas laborales, que derogue condiciones laborales decimonónicas.